Dan vergüenza





sábado, 15 de abril de 2017

Argentina avanza cada día unos pasos hacia el abismo

Jujuy: el laboratorio del estado represivo que se extiende como mancha de aceite


Joaquin Emanuel Sebastian Quispe, Presidente del Centro de Estudiantes 
y Consejero Académico Estudiantil de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Jujuy, ilegalmente detenido por la policía de Gerardo Morales

por OAC

El jueves yo leía un comunicado en el que varias entidades dedicadas a la producción cinematográfica repudiaban una operación mediática muy burda impulsada desde el propio gobierno nacional para forzar la renuncia del presidente del INCA y desfinanciar al Instituto y a la escuela de cine ENERC que depende de él. Con plausible alarma, las entidades denunciaban "un cambio en el concepto de institucionalidad y transparencia". 

Es muy saludable salir a defender la actividad cinematográfica argentina que el actual régimen pretende arrasar. Pero lamentablemente no es cierto que recién ahora se haya producido en Argentina un cambio en el concepto de institucionalidad. 


Sergio Massa, Gerardo Morales, mauricio macri, Juan Manuel Urtubey, José Cano

La institucionalidad está lesionada desde el 16 de enero de 2016, cuando un tribunal que responde al arbitrio político del gobernador de Jujuy Gerardo Morales encarceló a la dirigente social Milagro Sala y a otros militantes de la organización Tupac Amaru, violando las garantías jurídicas y la separación de poderes, violación que se mantiene y se agrava hasta el presente. Como Milagro es negra, india, militante y mujer, como Jujuy queda lejos y la Tupac es una organización popular, su prisión política fue consentida por las instituciones de la república. 

Desde el momento de su detención y aún antes su figura fue mancillada por grupos de tareas mediáticos como el que ahora se dirigen contra el cine, voceros del régimen que instalaron en la población, con procedimientos igualmente burdos y ofensivos, una condena anticipada y sin pruebas contra Milagro. Una vez establecido este modo de operar, el régimen probó la indolencia con que muchos sectores sociales aceptan que se condene sin pruebas a cualquier persona que se interponga ante la prepotencia del poder.

Algunos pensaron que las operaciones mediáticas para demonizar a Milagro Sala "no les concernían" y que, naturalmente, ella tenía que demostrar su inocencia. Pero la eficacia social de los grupos de tareas mediáticos fue la llave para empezar a perseguir a otros. La grasa militante, los choriplaneros, los villeros chorros, los inmigrantes, los investigadores del CONICET, los maestros, los gremialistas que conducen reclamos sindicales y, finalmente, los cineastas.

Milagro Sala, Jujuy: el laboratorio del estado represivo que se extiende como mancha de aceite. Lo demás se da por añadidura.



El miércoles por la noche en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Jujuy se hacía un asado de camarería. Cinco patrulleros de la policía de la provincia gobernada por Gerardo Morales -con el apoyo del macrismo y el massismo- ingresaron violentamente a la Facultad y apresaron al presidente del centro, Joaquín Quispe y al estudiante Ignacio García.

El atropello de la patota policial -que para colmo no portaban sus identificaciones- viola el  artículo 31 de la ley nacional 24.521 sobre la Autonomía Universitaria: “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada, de un juez competente, o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu) repudió los abusos policiales, y exige la renuncia de los funcionarios responsables y el procesamiento de los policías involucrados.

Las autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) acusaron a la policía provincial por quebrantar la Ley de Educación Superior, denunciaron la detenciones de los estudiantes por ilegales y arbitrarias y exigieron explicaciones a las autoridades provinciales. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también expresó su rechazo: "sin respeto por los derechos más elementales no hay democracia".


El presidente del centro de estudiantes de Ciencias Agrarias de la Universidad de Jujuy, Joaquín Quispe, explicó en su Facebook cómo se produjeron los delitos de los policías sin identificación que invadieron la Universidad jujeña. En algunos de sus tramos, dice:

Siendo aproximadamente las 1:30 Hs a.m., constaté la presencia de personal policial en las inmediaciones de la playa de estacionamiento de nuestra Facultad, a lo cual me acerqué al portón del estacionamiento, sin salir del predio, para poder dialogar con el jefe de la unidad.


Al acercarme comuniqué a uno de los policías que soy el Presidente del Centro de Estudiantes y al interpelar al policía por las autorizaciones policiales, comunico que se contaba con las autorizaciones jurisprudentes correspondientes para el desarrollo de ese evento en el ámbito de la facultad y que mi función en ese momento era asegurar que las actividades se desarrollen con total tranquilidad. Todo esto en un dialogo de absoluto respeto por mi parte, lo cual no puede ser negado por ningún agente presente. A lo que me responde uno de los policías con total prepotencia que querían hablar con otro encargado y que no iban a dialogar conmigo aludiendo que me encontraba en estado de ebriedad (el examen toxicológico posterior realizado por el medico policial me dio negativo, no había ingerido alcohol).

(...) Posteriormente soy trasladado a la seccional primera donde accedo a dar mis datos y pertenencias, Quiero mencionar que ninguno de los agentes estaba identificado, pedí que se identifiquen pero ninguno accedió. Luego se me solicita que me quite la ropa para la requisa y les digo a los agentes que, si estoy siendo tratado como un delincuente, que se me den las razones de mi detención. Uno de ellos me responde que la razón era la resistencia al arresto, a lo que le pregunto entonces cuál era el motivo del arresto inicial al cual me resistí, lo cual no me supo responder. Ya cansado uno de los agentes por mis preguntas incesantes, se dirige hacia mí y me dice que me saque la ropa, que no me lo estaba preguntando, sino que era una orden, y si no lo hacía por la buenas, iba a hacerse por las malas. A lo cual respondí que si no se me dan los motivos de mi detención no iba a acceder a proceder con el protocolo, que en todo caso lo hagan ellos mismos, y que yo no iba a ofrecer resistencia física, a lo cual me responde que él no me tiene que dar ningún tipo de explicación y que entonces que se iban a hacer las cosas por las malas. En ese momento me vuelve a esposar, se pone en mi espalda y empieza a asfixiarme levantándome constantemente del cuello con su brazo, esto en presencia de al menos tres agentes más. Cuando el agente notó que yo no podía soportar más la asfixia me arrojó al suelo, caí de cabeza lesionándome la frente, sin poder poner las manos porque me encontraba esposado. Una vez en el suelo el agente colocó su rodilla entre mis muñecas, para lesionarme con las esposas, diciéndome que iba a permanecer así hasta que cambie de opinión y acceda a lo que me estaban pidiendo. Pasaron así aproximadamente quince minutos y al ver que permanecía decidido a que me den respuestas, tirado de frente al suelo seguía haciendo preguntas de mi detención y me dirigía hacia los demás agentes advirtiéndoles que ellos estaban siendo testigos de las agresiones que estaba sufriendo, decidieron traer un testigo civil, me volvieron a levantar y, en presencia del testigo, los policías cambiaron su actitud violenta. 

Quispe pasó la noche en una celda, sin orden de detención, despojado de todo derecho a la defensa frente a la brutalidad policial y recién fue liberado a las 10 de la mañana.

Mendoza


Juliana Awada, mauricio macri, Alfredo Cornejo, Ernesto Sanz

La provincia está gobernada por el también radical -y aliado del macrismo- Alfredo Cornejo.

El viernes pasado, en el marco de una persecución política contra la organización Tupac Amaru iniciada en Jujuy, las fuerzas policiales mendocinas detuvieron en Mendoza a Nélida Rojas, referente de la Tupac en la provincia, a su esposo Ramón Martínez y a sus hijas Leonela y Carla Martínez. Como en Jujuy, la privación de la libertad se da a partir de une denuncia de 2015 y otras de fines de 2016 sobre las que la fiscalía nunca requirió medidas probatorias.

Los abogados defensores Alfredo Guevara y Horacio Baez denunciaron: “estas detenciones obedecen a la estrategia de un gobierno que persigue a las organizaciones populares, inventa causas para generar impacto mediático y profundizar la estigmatización de organizaciones sociales como la Tupac Amaru”.

Nélida Rojas y otros integrantes de la organización fueron imputados por extorsión, estafa en concurso ideal y asociación ilícita. Los abogados aseguraron que la calificación de los delitos no se funda en pruebas legítimas y no es más que la forma que encontraron desde el poder judicial para justificar la detención de los integrantes de la Tupac.

En 2015 Nélida Rojas y su hija fueron a entregar una vivienda construida por la Tupac a uno de sus adjudicatarios. Cuando llegaron vieron que la casa estaba usurpada por Milena Gómez, a quien denunciaron ante la justicia. Esa mujer denunció que la titular de la Tupac Amaru en Mendoza la había sacado del lugar. El único que ratificó ante la justicia la versión de Gómez fue su marido, pero otros testigos declararon que el marido de Gómez los amenazó con un palo. Desde entonces, la fiscalía no produjo más movimientos en el expediente.

La detención de Nélida Rojas fue precedida por una operación mediática conjunta de Jorge Lanata y Margarita Stolbizer. Casi al mismo tiempo que se difundió la opereta de Stolbizer y Lanata, aparecieron cerca de cien denuncias más contra la dirigente social y su organización. Un grupo de socios de distintas cooperativas que quedaron fuera de la asignación de las casas denunció que les prometieron una vivienda en el barrio, que les habían cobrado una cuota y los obligaban a ir a las marchas. A partir de esos dichos y sin más pruebas, la fiscalía calificó las causas como extorsión y estafa en concurso ideal. La causa por asociación ilícita empezó este año.

Dice el abogado Alfredo Guevara: “La fiscal Gabriela Chaves ordenó la detención de los dirigentes a partir de denuncias sin sustento probatorio, las mismas denuncias que utilizaron Stolbizer y Lanata el año pasado para demonizar a la organización en la provincia de Mendoza”, dijo Guevara. Las denuncias sobre irregularidades en el manejo de fondos ya habían sido descartadas por la auditoría realizada por el Instituto Provincial de Vivienda que, además, nunca cuestionó los listados de adjudicatarios entregados por la organización.

Los abogados de la Tupac denuncian que durante la indagatoria la fiscal les dijo que ella no estaba sola, que la Procuración de Mendoza le había asignado personal para que avanzara contra la organización barrial. Además el gobernador Cornejo impuso un fiscal general afín al partido de gobierno. Nélida Rojas, su familia y todos los acusados estuvieron siempre a derecho. No surgieron desde el momento de las denuncias hechos nuevos y la fiscalía no solicitó medidas probatorias. Se tomó una decisión política de avanzar sobre este caso y llevar a proceso a los integrantes de la Tupac Amaru.

Pero lamentablemente los jujeños y mendocinos sometidos a estas operaciones de descrédito y persecución no logran la repercusión que en estos días tuvo el caso del INCAA en CABA.

Ayer, una semana después de apresar a Nélida Rojas y su familia, la fiscal Chávez ordenó la detención de Ángel Osvaldo Rojas. Después de la detención de este hombre, el abogado Guevara presentó un hábeas corpus y denunció a la fiscal por privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad a la fiscal. “Pocas veces he visto tanta falta de respeto a la libertad de las personas. Todo un mensaje a las organizaciones populares mendocinas”.

Ayer el Comité por la Libertad de Milagro Sala emitió este comunicado:

ALLANAMIENTOS EN LAVALLE - NO HAY VIERNES SANTO PARA LOS POBRES

Durante este día, viernes santo, la Justicia de Mendoza, bajo las órdenes de la Fiscal Gabriela Chaves, allanó los galpones de acopio que se utilizan para hacer las obras de construcción en el barrio.

En el transcurso de este allanamiento, se detuvo al hijo de Nélida por no tener la tarjeta azul del vehículo, una situación que nada tienen que ver con las causas que supuestamente se están investigando y que nos vuelven a demostrar que la decisión de la Fiscal es intimidar y perseguir a la Tupac.

Repudiamos el accionar de este sector de la justicia mendocina que mantiene presos políticos y encabeza la persecución política en nuestra provincia.